La nulidad de un plan urbanístico no solo afecta a las determinaciones que contiene, sino también a los procedimientos que encuentran en él su fundamento jurídico. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo en su sentencia 582/2026, en la que establece que una expropiación forzosa por ministerio de la ley no puede continuar cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que la legitimaba ha sido declarado nulo por sentencia firme.
La resolución revisa un conflicto surgido a raíz de la solicitud de expropiación de una finca destinada a dotaciones públicas. La cuestión planteada al Alto Tribunal era determinar si el procedimiento podía mantenerse pese a la anulación del planeamiento que le daba cobertura, especialmente cuando el plan anterior, recuperado tras la nulidad, mantenía una calificación urbanística similar para los terrenos afectados.
Los propietarios de una parcela solicitaron la expropiación forzosa por ministerio de la ley al considerar que su finca estaba destinada a dotaciones públicas y que concurrían los requisitos para activar este mecanismo.
Sin embargo, durante la tramitación del procedimiento, el PGOU que servía de base a la solicitud fue declarado nulo por los tribunales. Como consecuencia de esa nulidad, volvió a entrar en vigor el planeamiento anterior.
La discusión jurídica se centró entonces en una cuestión de gran relevancia práctica: si la expropiación iniciada bajo un plan anulado podía continuar apoyándose en el planeamiento recuperado, dado que la parcela seguía teniendo un destino dotacional.
La Sala rechaza esta posibilidad y recuerda que la expropiación por ministerio de la ley se encuentra estrechamente vinculada al planeamiento urbanístico que la justifica.
Según la sentencia, cuando un plan es declarado nulo, desaparece la base jurídica que permite iniciar y sostener el procedimiento expropiatorio. Por ello, la nulidad del planeamiento provoca también la desaparición de la causa que legitima la expropiación.
Para el Tribunal, no es posible mantener vivo un procedimiento nacido al amparo de un plan que jurídicamente ha dejado de existir.
Uno de los argumentos defendidos durante el procedimiento era que el plan anterior mantenía la misma calificación dotacional de la finca, por lo que la finalidad pública seguía existiendo.
Sin embargo, el Supremo considera que la identidad de la calificación urbanística no resulta suficiente para conservar el procedimiento.
La Sala recuerda que la ordenación urbanística no se limita a asignar usos o destinos a los terrenos. También regula sistemas de ejecución, mecanismos de gestión y procedimientos de obtención de suelo, aspectos que pueden variar significativamente entre distintos planes.
Por ello, no cabe trasladar automáticamente los efectos de un planeamiento anulado a otro distinto, aunque ambos atribuyan una función similar a la parcela afectada.
La consecuencia práctica de esta interpretación es contundente. El Tribunal Supremo concluye que la nulidad del PGOU provoca la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento expropiatorio.
La doctrina fijada establece que una expropiación por ministerio de la ley iniciada al amparo de un determinado plan urbanístico queda anulada cuando dicho planeamiento es declarado nulo por sentencia firme.
No obstante, la resolución deja abierta la posibilidad de que los propietarios puedan iniciar un nuevo procedimiento conforme al planeamiento vigente en cada momento.
La resolución refuerza una idea fundamental del derecho urbanístico: la vigencia y validez del planeamiento constituyen un elemento esencial para la ejecución de actuaciones urbanísticas y expropiatorias.
Para abogados especializados en urbanismo y expropiaciones, la sentencia supone una advertencia clara sobre los efectos que puede tener la anulación judicial de un plan general. Incluso cuando la finalidad pública de los terrenos permanezca inalterada, la desaparición del planeamiento que dio origen al expediente puede obligar a reiniciar todo el procedimiento administrativo.
