En España, la legislación establece umbrales específicos de facturación, activos y número de empleados que determinan la obligación de someter las Cuentas Anuales de las empresas a una auditoría independiente. Este marco normativo es parte de un control económico-financiero que también afecta a las empresas dedicadas a los activos digitales. A continuación, se detallan los aspectos clave de esta nueva regulación y sus implicaciones.
El proceso inflacionario ha provocado que más empresas superen cada año el umbral de 5.700.000 euros de cifra de negocios, lo que incrementa el control financiero sobre el tejido empresarial en general. Sin embargo, el sector de los activos digitales, basado en la tecnología de registro distribuido (DLT), no ha estado completamente sujeto a auditorías independientes, a pesar de que muchas de estas empresas operan con volúmenes de negocio elevados.
Las empresas dedicadas a la gestión de activos digitales, como las que operan con blockchain (DLT), o aquellas que desarrollan aplicaciones tecnológicas en este campo, no requieren necesariamente una inversión significativa en equipos e instalaciones. Esto ha llevado a que algunas de estas compañías, a pesar de contar con decenas de millones de euros de ingresos, tengan activos mínimos y personal externalizado. En muchos casos, el equipo humano se compone de colaboraciones por proyectos. Esta situación ha dado lugar a que, en ocasiones, empresas con un alto volumen de operaciones en las finanzas descentralizadas (DeFi) no se vean obligadas a presentar auditorías independientes de sus Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
En el proceso de regulación de las empresas que operan en el ámbito de los criptoactivos, el Banco de España estableció, en 2022, un listado obligatorio de "Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y/o custodia de monederos electrónicos". Sin embargo, a pesar de la importancia de este sector, el listado no incluye la obligación de designar un auditor, lo que resulta llamativo, especialmente cuando algunas de estas empresas gestionan activos digitales líquidos como Bitcoin o Ethereum.
Por su parte, las entidades de dinero electrónico están obligadas a designar auditores como parte de sus requisitos legales, según lo dispuesto en el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo. No obstante, en el caso de la tokenización de activos reales, como la tokenización de inmuebles, se eludía la intervención de un auditor de cuentas, lo que generaba preocupaciones sobre la transparencia en la información económico-financiera de las empresas dedicadas a estos servicios.
El reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) (Reglamento (UE) 2023/1114) entró en vigor el 30 de junio de 2024. Inicialmente se aplica a los emisores de tokens referenciados a activos y tokens de dinero electrónico. Posteriormente, se extendió a los proveedores de servicios de criptoactivos, con la fecha de implementación definitiva fijada para el 30 de diciembre de 2024.
El artículo 36, apartado 9 del Reglamento MiCA establece que los emisores de tokens referenciados a activos deben ordenar, cada seis meses, una auditoría independiente de la reserva de activos, para evaluar el cumplimiento de las normas aplicables. Esta medida tiene como objetivo garantizar la transparencia y la protección de los inversores. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) será responsable de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones.
Además, el artículo 67.3 regula las condiciones de ejercicio de la actividad de los proveedores de servicios de criptoactivos, y establece que estos deberán calcular sus gastos fijos generales utilizando las cifras del marco contable aplicable, reflejadas en sus estados financieros anuales auditados. Si no disponen de estados auditados, deberán presentar sus estados financieros anuales validados por los supervisores nacionales.
El Reglamento MiCA, junto con la legislación española vigente, impone la necesidad de que las empresas que operan en el sector de los criptoactivos y activos digitales se sometan a auditorías independientes. Este requisito no solo busca garantizar una mayor transparencia y protección de los inversores, sino también asegurar que las empresas cumplan con las normativas financieras, proporcionando una imagen fiel y precisa de su situación económico-financiera.
Con la implementación de estas medidas, se busca dar un paso firme hacia la regulación de un sector altamente dinámico y, en muchos casos, complejo. La intervención de auditores independientes es un pilar esencial para el buen funcionamiento del mercado y la confianza de los consumidores e inversores en el ecosistema de los activos digitales.
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