Las empresas que realizan operaciones con socios, administradores u otras sociedades vinculadas afrontan en noviembre una nueva obligación informativa ante Hacienda. Hasta el 30 de noviembre de 2026, las entidades cuyo ejercicio económico coincide con el año natural deben presentar el modelo 232, correspondiente a las operaciones realizadas durante 2025.
Esta declaración permite a la Agencia Tributaria conocer determinadas transacciones entre partes vinculadas, así como operaciones relacionadas con jurisdicciones no cooperativas. Aunque no supone por sí misma un pago de impuestos, su presentación exige revisar los importes, la naturaleza de las operaciones y los vínculos existentes entre las partes.
La obligación afecta a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, a los establecimientos permanentes de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y a determinadas entidades extranjeras en régimen de atribución de rentas con presencia en España.
No obstante, la existencia de operaciones vinculadas no implica automáticamente la obligación de declararlas. La normativa establece distintos límites en función del importe y las características de cada transacción.
Con carácter general, deben informarse las operaciones realizadas con una misma persona o entidad vinculada cuando superen conjuntamente los 250.000 euros anuales, valorados a precio de mercado.
El umbral se reduce a 100.000 euros para determinadas operaciones específicas, entre ellas las transmisiones de negocios, inmuebles, participaciones y determinados activos intangibles.
Además, existe obligación de declarar cuando las operaciones de un mismo tipo, valoradas mediante un mismo método, representan más del 50 % de la cifra de negocios de la entidad, independientemente de su importe.
La normativa también contempla determinadas excepciones, como las operaciones entre entidades integradas en un mismo grupo de consolidación fiscal.
El modelo 232 incluye obligaciones informativas que no dependen de los límites anteriores.
Es el caso de las operaciones y situaciones relacionadas con jurisdicciones no cooperativas, así como de determinadas operaciones vinculadas a las que se aplica la reducción fiscal por rentas procedentes de activos intangibles, conocida como Patent Box.
Estos supuestos requieren una revisión específica, incluso cuando las cantidades implicadas son inferiores a los umbrales generales.
La presentación del modelo 232 se realiza exclusivamente por vía electrónica y su plazo depende del cierre del ejercicio económico. Para las sociedades que cerraron sus cuentas el 31 de diciembre de 2025, la declaración debe presentarse durante noviembre de 2026.
De cara a este vencimiento, las asesorías fiscales deben prestar especial atención a las operaciones entre sociedades del mismo grupo, las relaciones económicas con socios y administradores y las transacciones que puedan superar los límites de declaración.
También resulta importante contrastar la información con la contabilidad y la documentación de operaciones vinculadas para asegurar la coherencia de los datos comunicados a Hacienda.
El principal riesgo es considerar únicamente el límite general de 250.000 euros y pasar por alto operaciones sujetas a reglas específicas. Una revisión de las transacciones realizadas durante el ejercicio permite identificar las obligaciones informativas de cada entidad y evitar omisiones en la presentación del modelo.
