El Reglamento Veri*Factu ha pasado de ser una referencia técnica a convertirse en una prioridad estratégica para el sector legal. Desde su aprobación mediante el Real Decreto 1007/2023, los despachos de abogados se preparan para cumplir con una normativa que redefine el modo en que se generan, registran y conservan las facturas, introduciendo controles tecnológicos inéditos en la gestión profesional.
El reglamento —oficialmente denominado Reglamento de Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF)— busca garantizar la integridad, seguridad y verificabilidad de cada factura emitida. No altera las obligaciones tributarias tradicionales, pero impone requisitos técnicos obligatorios a los programas de facturación utilizados por empresas y profesionales.
La norma distingue entre dos modalidades:
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros para autónomos o empresas, y de hasta 150.000 euros para los fabricantes de software.
En el ámbito jurídico, la aplicación de Veri*Factu presenta particularidades que los despachos deberán tener en cuenta:
Además, la AEAT cuenta con una aplicación gratuita en Sede Electrónica, especialmente dirigida a pequeños despachos o profesionales independientes que no cuenten con infraestructura propia de facturación digital.
Más allá del cumplimiento técnico, la implantación de Veri*Factu ofrece a los despachos una oportunidad para modernizar sus sistemas de control interno, mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar la confianza de los clientes y de la Administración.
La digitalización ya no es solo una tendencia, sino una exigencia normativa que afecta directamente a la gestión de honorarios, suplidos y servicios jurídicos.
En última instancia, Veri*Factu marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre el sector legal y la Administración tributaria, donde la transparencia, la precisión técnica y la responsabilidad fiscal se consolidan como pilares de la práctica profesional moderna.
