La transformación digital en el ámbito fiscal da un nuevo paso con la aprobación del Real Decreto que regula la obligación de emitir facturas electrónicas para pymes y autónomos. La medida, enmarcada en la Ley Crea y Crece, busca reforzar el control de la facturación y combatir la morosidad, al tiempo que impulsa la digitalización del tejido empresarial.
Para los despachos profesionales y asesores fiscales, este cambio normativo introduce nuevas obligaciones, plazos y retos operativos que conviene anticipar desde ahora.
La entrada en vigor de esta obligación no será inmediata. El calendario dependerá de un elemento clave: el desarrollo por parte de la Agencia Tributaria de una plataforma pública y gratuita de facturación electrónica.
Una vez se apruebe la Orden Ministerial que regule esta solución:
Este diseño progresivo evidencia la intención del legislador de facilitar la transición, especialmente en los segmentos con menor nivel de digitalización.
El nuevo sistema permitirá a empresas y profesionales elegir entre dos modelos operativos:
1. Plataformas privadas de facturación
Las empresas podrán seguir utilizando sus propios programas de facturación, pero con una condición relevante: deberán estar interconectados con la plataforma pública.
Esto implicará:
2. Plataforma pública de la Agencia Tributaria
Alternativamente, los contribuyentes podrán utilizar directamente el sistema habilitado por la Administración, que integrará todas estas funcionalidades.
En ambos casos, el elemento común será la trazabilidad completa del ciclo de facturación.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la obligación de comunicar a la Administración no solo la emisión de la factura, sino también su evolución:
Los plazos para remitir esta información también serán escalonados:
Este control reforzado tiene como objetivo principal mejorar la transparencia y reducir los plazos de pago, uno de los principales problemas estructurales del tejido empresarial.
La factura electrónica será obligatoria únicamente en operaciones entre empresarios y profesionales (B2B).
Quedan fuera:
Este matiz es relevante para delimitar correctamente el alcance de la obligación y evitar interpretaciones erróneas en su aplicación.
Es importante no confundir esta nueva obligación con el sistema Verifactu.
Aunque ambas normativas están relacionadas, responden a finalidades distintas y exigirán una adaptación conjunta de los sistemas de gestión.
La implantación de la factura electrónica obligatoria exigirá a los despachos profesionales:
Además, será clave anticipar el impacto en la gestión administrativa y en la liquidez empresarial, especialmente en lo relativo al control de cobros y pagos.
Más allá de su componente tecnológico, la medida responde a un objetivo claro: reducir la morosidad y mejorar la transparencia en las relaciones comerciales.
El control en tiempo casi real del estado de las facturas permitirá a la Administración disponer de una información más precisa sobre los plazos de pago, lo que puede traducirse en futuras actuaciones de control o medidas adicionales.
Para los asesores fiscales, este nuevo escenario refuerza su papel como figura clave en la adaptación de empresas y autónomos a un entorno fiscal cada vez más digitalizado y exigente.
